Su primera intervención a un vehículo de transporte pirata fue a inicios del 2018. Era una coaster que llevaba pasajeros sin autorización, conducida por un sujeto sin brevete ni SOAT. Carlos Peña y su equipo de fiscalizadores habían estado monitoreando su recorrido durante días, pero siempre se lograba escabullir entre las estrechas calles de Miraflores. El día que logró detenerla ocurrió algo inusual. Cuando la enganchó en la parte de atrás de la grúa e inició el viaje hacia el depósito, cuatro sujetos y una mujer a bordo de un Toyota Yaris les cerraron el paso en plena calle, bajaron del vehículo y le reventaron las lunas a pedradas para evitar que se llevaran la coaster. Ese día, la grúa de cuatro toneladas, abollada y perforada, no se detuvo hasta el depósito.
Su segunda intervención ocurrió en marzo de ese mismo año. Fue luego de que El Comercio publicara el documental “La bestia de Petit Thouars”, que narra la historia de la coaster pirata más peligrosa del Perú: operaba desde 1983, debía S/3 millones en multas y circulaba sin revisión técnica y ningún permiso, pero a la vez era capaz de generar S/300 mil al año llevando pasajeros de forma ilegal. La ‘bestia’ era parte de una flota de 40 unidades que cubrían la ruta Miraflores-San Juan de Lurigancho, 24 horas. Diez días después de la publicación, el equipo de Carlos Peña, subgerente de Movilidad Urbana y Seguridad Vial de Miraflores, capturó el vehículo y se lanzó con su equipo a buscar el resto de la flota.
En menos de seis meses, internó en el depósito más de 90 de este tipo de buses medianos. El próximo paso era atacar el transporte colectivo en vehículos sedán, que ocupan toda la avenida Arequipa. Peña se dio cuenta de que en esta vía ocurren dos cosas inusuales. La primera es que los colectiveros no van en coasters como en Petit Thouars, ni en minivanes como en la avenida Javier Prado, sino solamente en autos tipo sedán. La segunda es que todos estos autos tenían stickers pegados atrás. Y esos stickers se repetían. Era evidente que no se trataba de algo decorativo, sino del patrón de una organización. Peña contó por lo menos siete dibujos en 1.500 autos y empezó a rastrearlos.
“Detectamos que estos stickers tienen relación con una estructura armada de personas que buscan proteger a los fiscalizados. Cuando detenemos a los vehículos con estos símbolos, son socorridos por una turba de personas que con acciones delictivas tratan de liberarlos, a diferencia de los vehículos que no los tenían”, dice el funcionario.
Para explicar qué ocurre cuando un colectivero paga por un sticker, Peña muestra un video grabado a finales del 2019, clave para entender esta situación. En las imágenes, se observa un taxi pirata con miles de soles en papeletas que había sido detenido por inspectores. Súbitamente, aparece un grupo de 20 sujetos que operan como ‘chalecos’, quienes rodean el auto para proteger al chófer y evitar que se lleven el vehículo. Lo primero que hacen estos sujetos es desinflar las llantas para evitar que la grúa se lleve el carro al depósito. Luego, rodean el auto durante horas para confundir e impedir la intervención. Este sujeto pagó un cupo, según el funcionario municipal. ¿Qué ocurre cuando pagas? Se te asigna un sticker de acuerdo a la zona.
El principal problema de esta organización radica en que los chóferes informales son obligados a pertenecer a uno de estos grupos. Directamente les cobran para entrar a un grupo, es decir, operan bajo la extorsión: los choferes que hacen colectivo ‘independiente’ son amenazados para pagar el cupo “a cambio de seguridad”, como se observa en un video de octubre del 2018.
La policía sostiene que cada colectivero podría estar pagando entre S/120 y S/150 al mes. Si son más de 1.500 autos, esta mafia podría estar generando más de S/2,5 millones al año. “Los colectiveros se organizan por grupos de WhatsApp. Cuando hay una intervención de inspectores, se avisan entre ellos e inmediatamente van en su ayuda”, sostiene.
¿Quiénes están detrás de esta organización? Según Carlos Peña, en la turba que aparece en cada intervención a un vehículo pirata, se repiten tres rostros: el de José Enrique Velásquez Balarezo, quien tiene denuncias policiales por acoso agravado, violencia física y psicológica; Manuel Balbuela Soriano, con tres denuncias por hurto y una por conducir sin brevete; y César Sánchez Pacheco, con un récord de 25 papeletas y un vehículo con siete órdenes de captura.
Miraflores, 26 de julio de 2020.
