Miraflores, 29 de abril de 2025. El municipio de Miraflores descartó que el Ministerio Público haya archivado de forma definitiva las acusaciones contra el decano del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), Jorge Antonio Ruiz de Somocurcio Hidalgo, y otros que resulten responsables por los delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad, coacción y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
Si bien la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso devolver la carpeta fiscal por los delitos ya mencionados a la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, ordenando además no formalizar investigación preparatoria por el delito de cohecho pasivo propio; la procuraduría, en este extremo, presentó un recurso de elevación de actuados ante esa fiscalía anticorrupción al no estar conforme con dicha disposición fiscal.
En ese sentido, la comuna miraflorina desmintió que la investigación se haya archivado o concluido, pues aún es materia pendiente en el Ministerio Público, por lo que se espera que la elevación de actuados (recurso de queja) sea resuelto en las próximas semanas.
DENUNCIA CONTRA DECANO
En enero pasado, la municipalidad de Miraflores, a través de la Procuraduría Pública Municipal, denunció penalmente al decano del Colegio de Arquitectos de Lima, Jorge Antonio Ruiz de Somocurcio Hidalgo, por el delito contra la libertad (coacción), tras determinar que se estaría actuando de manera ilegal al obligar a los profesionales de la referida sociedad a actuar contra la ley municipal.
Esta solicitó también alcanzó a los miembros de la Comisión de Asuntos Técnicos del CAP Regional Lima y los que resulten responsables tras las indagaciones. Los mencionados también deberán responder por los delitos de violencia y resistencia a la autoridad (para impedir el ejercicio de sus funciones), cometidos contra funcionarios públicos (abuso de autoridad) y otros que se pudieran determinar durante las investigaciones.
Sobre el delito de coacción, la Procuraduría Pública Municipal sostuvo que la conducta del decano del CAP Regional Lima, así como de la comisión integrada por Daniel Béjar, Daniel Tenorio, Celia Vargas y Dino Chiappe, encaja en el tipo penal. “Al exigir actuar de manera ilegal, obliga a los arquitectos a resolver contra la ley, ya que si no lo hacen serían sometidos a la comisión de ética del colegio y los inhabilitarían como profesionales”, detalla la denuncia.
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